La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la función pública en todo el mundo. Esta tecnología puede mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos y ayudar a tomar mejores decisiones políticas. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de privacidad, seguridad y equidad. Los gobiernos deben considerar cuidadosamente cómo implementar la IA en la función pública para garantizar que se utilice de manera responsable y ética, y que beneficie a todos los ciudadanos por igual. De ahí la importancia de la reglamentación europea para su regulación y el control de sus riesgos y el uso que se está haciendo en la función pública española. La inteligencia artificial y la ciberseguridad.